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Patricia Hernández y Manuel Ramón Plasencia firman un acuerdo para destinar 12 millones a los municipios

Manuel Ramón Plasencia, presidente de la FECAM y Patricia Hernández (archivo)

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández y el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, han firmado hoy un acuerdo por el que el Gobierno de Canarias destinará más de 12 millones de euros al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI, un protocolo que garantiza la atención a las personas con mayores necesidades.

Manuel Ramón Plasencia y Patricia Hernández en el exterior de Presidencia del Gobierno
Manuel Ramón Plasencia y Patricia Hernández en el exterior de Presidencia del Gobierno

Patricia Hernández destacó en declaraciones realizadas tras la firma que «los ayuntamientos son los que ven más de cerca y mejor gestionan las necesidades sociales de sus ciudadanos, son los que miran directamente a los ojos a las personas que pasan necesidad».

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda hizo hincapié en que «el Plan Concertado de Prestaciones Básicas es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios a través de los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma». En este sentido, añadió que «es algo fundamental para Canarias y para prestar servicios como la ayuda a domicilio, la ayuda habitacional, para ir al supermercado, para usar la guagua, para mejorar la movilidad, por ejemplo para una silla de ruedas para las personas con poca movilidad y personas mayores». «De esta forma el Gobierno de Canarias y la Consejería mantienen un compromiso con los que no tienen lo básico y ello se gestiona a través de los que están más cerca del problema, que son los ayuntamientos», aclaró.

Hernández detalló que «el último dato cerrado que tenemos, correspondiente a 2014, es que mediante el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, los ayuntamientos de Canarias atendieron necesidades sociales de 368.000 personas y el número de profesionales contratados, según datos también de 2014, fue de 1955 personas». «Políticas Sociales aporta en este acuerdo 13.231170,69, de los que 3 millones son para la gestión municipal de la Prestación Canaria de Inserción», recordó.

Al respecto, incidió en que «gracias a la firma de este convenio los ayuntamientos no tendrán que despedir a nadie, como ha sucedido en otras ocasiones, para la tramitación de la PCI». Además, recordó que «no solo hemos acabado con las listas de espera, ya que si en 2014 se resolvieron 5000 expedientes, en 2015 se han resuelto 10.500, por lo que hemos duplicado los expedientes resueltos».

Hernández resaltó que hoy se firma un convenio que estaba comprometido desde el 28 de diciembre de 2015, por lo que entró en vigor desde el 1 de enero de 2016 y «esto es muy importante porque con ello garantizamos que las necesidades de nuestros ciudadanos estén cubiertas, más allá de las dificultades de intercambio de documentos y de ponernos de acuerdo».

Por su parte, Manual Ramón Plasencia explicó que «con la firma de este documento garantizamos que se sigan prestando los servicios sociales básicos, al tiempo que damos cobertura a la Prestación Canaria de Inserción, para que cada municipio pueda disponer de un técnico para tramitar la PCI». Plasencia precisó que «el alcalde de Tegueste y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam, aquí presente, ha estado trabajando conjuntamente con la Consejería para la elaboración de este documento que recoge las mismas cantidades que las del pasado año 2015 para el Plan del 2016». Además, explicó que «paralelamente estamos trabajando para que este año, que es el plazo marcado tanto para la Consejería como para la Federación Canaria de Municipios, podamos tener una nueva Ley de Servicios Sociales y así poder ir definiendo el ámbito competencial de los distintos servicios que estamos ofreciendo».

Por último, expresó su agradecimiento en nombre del municipalismo al Gobierno y a su consejera y apuntó que «la Fecam seguirá aportando su grano de arena para llegar a buen puerto la futura ley que defina las competencias desde el ámbito insular, municipal y de Canarias».

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