El presidente en funciones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam),Lázaro Brito (CC),ha afirmado este miércoles que en el pasado mandato «se ha conseguido la despolitización» de la federación al tiempo que aclaró que cree que «ningún miembro puede sentirse agraviado porque se haya discriminado a su municipio por razones de pertenencia a un partido político».
Brito ha admitido en una entrevista a Europa Press que los últimos cuatro años han sido «muy difíciles»,pero que ello ha provocado que los ayuntamientos hayan generado entre sí una «mayor unidad». «Hoy la Fecam desde dentro y desde fuera es observada por los alcaldes como más unida y una asociación que ha ayudado a los ayuntamientos a resolver muchos problemas»,resumió.
En esta línea,el presidente en funciones detalló que le satisface que la mayoría de las decisiones tomadas por el Comité ejecutivo fueron adoptadas por unanimidad. «Se ha renunciado a las siglas políticas y se ha trabajado por el interés del municipalismo canario»,defendió Brito quien además recordó que dentro de la Fecam hay una gran variedad de fuerzas políticas.
«Hay que tener en cuenta que la legislatura 2007-2011 ha sido económicamente difícil. Se puede calificar desde la economía como muy grave»,expuso para señalar que el recurso presentado contra el Gobierno a cuenta de los recursos del Régimen Económico y Fiscal continúa adelante. «Se ha intentado negociar con el Gobierno de Canarias»,indicó para señalar que los ayuntamientos creen que se debe aplicar la disposición transitoria de la normativa por la cual existe una cantidad fijada que deben recibir y que si los ingresos no los superan el Ejecutivo debe cumplir con esa cifra.
En este punto,aclaró Brito que en el seno de la Fecam no se ha planteado aún la posición de algunos cabildos para reclamar que todos los tributos del REF vayan a las corporaciones locales,pero sí se ha discutido sobre el criterio del reparto y la distribución de los recursos.
Asimismo recordó que las liquidaciones de los últimos ejercicios «han sido negativas» y las corporaciones locales en lugar de aumentar sus ingresos tuvieron que devolver parte de lo recibido. Señaló que para 2011 se ha planteado una moratoria y recalcó que los ayuntamientos no sólo deben devolver partidas al Gobierno de Canarias. «Nos encontramos el mismo caso con el Estado»,describió para insistir en que muchos ayuntamientos deben devolver «las cantidades percibidas de más».
«Uno nunca puede sentirse satisfecho plenamente del trabajo realizado»,continuó el exalcalde del municipio palmero de Barlovento para repetir que «en el aspecto positivo se han conseguido los principales objetivos marcados sobre todo la despolitización». «Pero me hubiera gustado que con la situación social hacer más»,dijo para aclarar que en servicios sociales y empleo le hubiera gustado que los ayuntamientos hubieran llegado a satisfacer a toda la población.
Brito señaló sobre estas dos materias,que se han firmado dos planes extraordinarios entre el Gobierno y la Fecam de empleo que han permitido contratar a unas 4.000 personas en dos anualidades. A esto sumó el convenio de escuelas infantiles dotado «de forma importante» y los convenios con Bienestar Social para las ayudas de emergencia social.
Admitió Brito «pequeñas diferencias» mantenidas con la Fecai en determinados aspectos y también con el Gobierno,pero a pesar de ello destacó que «se ha luchado desde el área de servicios sociales y empleo para mejorar la situación». Lamentó pues que no se ha conseguido plenamente debido a la crisis. «Nos ha impedido realizar una mejor labor»,insistió.
En esta línea,también realizó el presidente en funciones de la Fecam que aunque se ha trabajado bien en el área de formación del personal le hubiera gustado llegar a más funcionarios y personal laboral para que estén «más preparados para los retos que plantea la realidad social en que vivimos».
Por último lamentó Brito que se quedase «sobre la mesa» el estatuto de los municipios turísticos. «Existe disparidad de criterios en la Ejecutiva»,indicó para señalar que la discrepancia radica en los indicadores que debían tenerse en cuenta a la hora de que un municipio fuera considerado como turístico. A pesar de ello resaltó que este asunto ha sido un aspecto «secundario»,ya que «no existían los recursos necesarios para aplicar la normativa del anteproyecto».
