El presidente del Cabildo de Lanzarote,Pedro San Ginés (CC),ha enviado hoy un mensaje de tranquilidad tras ser llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife el próximo 30 de junio como imputado en la querella que le presentó el Club Lanzarote.
El dirigente nacionalista ha informado hoy de ha recibido una citación en la que se le insta a comparecer ante el juez por la querella interpuesta por la empresa Club Lanzarote contra él y contra los gerentes del Consorcio y el Consejo Insular de Aguas.
Un auto de la Audiencia de Las Palmas del pasado 23 de junio revocó el archivo de la querella interpuesta por Club Lanzarote contra el presidente del Cabildo por su decisión de confiscar la desaladora de Montaña Roja,al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación.
La querella,que fue sobreseída en primera instancia por el Juzgado número 2 de Arrecife,se basa en los hechos que ocurrieron en septiembre de 2014,cuando el Consejo de Aguas de Lanzarote decidió incautarse de la desaladora de Montaña Roja y de su red de abastecimiento,por producir y vender agua sin autorización.
Pese a ser citado a declarar,el presidente del Cabildo asegura estar “tranquilo” y expresa que “difícilmente podrían existir responsabilidades penales” por unos hechos validados en primera instancia por los tribunales,si bien reconoce que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha quitado “parcialmente” la razón (acaba de suspender de forma cautelar la incautación)
“Confío plenamente en la Justicia y,por tanto,en que decaigan finalmente las acusaciones que Club Lanzarote ha vertido sobre los gerentes del Consejo,del Consorcio y sobre mi persona”,subraya San Ginés,quien agrega que su actuación estuvo “avalada e indicada” por diversos informes técnicos y jurídicos de la Corporación insular.
Pedro San Ginés recuerda que el Juzgado de Instrucción número 2 ya rechazó en su día la admisión a trámite de esta querella y que,asimismo,también el fiscal se opuso a dicha admisión,a la que ahora obliga la Audiencia Provincial para que se estudie el caso en profundidad.
En su opinión,esta citación dará la oportunidad de aportar el expediente completo que no obra en poder del Juzgado de Instrucción y,por tanto,”las razones que motivaron la incautación”.
San Ginés reitera que su actuación fue consecuencia de las reiteradas advertencias del Diputado del Común por la ilegal venta de agua a terceros que estaba teniendo lugar y,en reiteradas ocasiones,exhortándole a actuar,so pena de “poner en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el Código Penal”.
El presidente reitera que se actuó bajo la advertencia del Diputado del Común de resultar imputados por inacción,lo cual abocaba a la clausura -con el consecuente desabastecimiento a vecinos e industria turística- o a incautar para garantizar el suministro de agua potable.
Para San Ginés,la incautación obedeció a “la defensa de los intereses generales de los vecinos de Montaña Roja”,ya que los informes apuntaban a la obligatoriedad de la referida clausura de la planta con las graves consecuencias de desabastecimiento de miles de vecinos y turistas de los complejos turísticos.
Una vez incautada la planta -aunque ya se tenían indicios-,el Cabildo constató la comisión de “graves hechos presuntamente delictivos” por parte de Club Lanzarote en el funcionamiento del conjunto de la infraestructura,que aparecen reflejados por el instructor del expediente sancionador.
Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Justicia a la mayor brevedad posible,por si,como apunta el instructor,pudieran ser constitutivos de delito,apunta San Ginés,quien agrega que gran parte de dichas irregularidades ya han sido subsanadas por Canal Gestión Lanzarote. EFE