El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley que será debatida en el pleno de la próxima semana por la que pide al Estado que,en coordinación con las comunidades autónomas,adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de los menores en situación de dependencia a recibir una atención adecuada por los poderes públicos.
Según explica la portavoz socialista de Asuntos Sociales,Rosa Jerez,en la propuesta,presentada junto al Grupo Nacionalista,se solicita al Gobierno del PP que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales para los menores en situación de dependencia no tenga carácter excepcional,garantizando el acceso cuando los profesionales de los servicios sociales consideren que es la prestación más adecuada.
También se le insta a mejorar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,que es fundamental para que los padres y madres puedan atender a los menores en situación de dependencia,contemplándola,al menos,bajo las mismas condiciones que tenía antes de la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012,de 13 de julio.
Para ello,se adoptarán medidas como el incremento de las cuantías máximas de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar en un 15 por ciento,la revisión de la regulación del convenio especial del sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales,para que sus cotizaciones vuelvan a ser a cargo del sistema,o la eliminación del plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
Jerez destaca que la iniciativa también pretende la derogación del artículo introducido por real decreto ley para suprimir el régimen de incompatibilidades de las prestaciones y evitar que las comunidades autónomas puedan establecer diferentes regímenes de incompatibilidades para las prestaciones con cargo al nivel mínimo. Otro de sus puntos recoge una apuesta por promover la adopción de unos nuevos criterios sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de los servicios y prestaciones del sistema coherentes con el objeto de la ley,que es asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional.
Estos criterios,indica la diputada,deberán preservar el derecho a un nivel suficiente de cobertura,independientemente del lugar en el que residan los beneficiarios,y establecer que las comunidades autónomas en ningún caso podrán fijar condiciones más restrictivas para los beneficiarios del sistema.
En el último de sus apartados de la proposición no de ley se solicita al ejecutivo de Rajoy que mantenga los programas y técnicas incluidas en la atención temprana,destinados al desarrollo psicomotor,cognitivo,del lenguaje y la comunicación,la autonomía y las áreas social y afectiva,así como el apoyo,información,habilitación y formación de la familia en los casos que los profesionales así lo consideren,mientras sean necesarios,sin límite de edad; establecer mecanismos de coordinación entre los ámbitos sanitario,servicios sociales y educativos,y garantizar un contenido mínimo común de derechos para todos los niños que lo necesiten en el territorio del Estado español.
