El Tribunal Supremo (TS) juzgará el 25 de junio al senador de CC Miguel Zerolo,para quien la Fiscalía y la acusación popular ejercida por IU solicitan nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con su gestión como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
En este caso,se acusa a Zerolo de haber contratado de manera irregular en 2003 las obras de rehabilitación del antiguo instituto de Ofra Hermanos García Cabrera para convertirlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Además del exalcalde,que hoy es senador por designación del Parlamento de Canarias,se sentarán en el banquillo el exconcejal de CC en la capital tinerfeña Guillermo Núñez Pérez y el funcionario municipal Joaquín Castro Brunetto,según consta en el providencia de convocatoria del juicio dictada por el TS y difundida por IU.
El instructor del caso,el juez del Supremo Luciano Varela,dictó el pasado 3 de marzo auto de apertura de juicio oral contra Zerolo por considerar que existen indicios de que pudo cometer prevaricación,al dictar resoluciones a sabiendas que contravenían las normas de contratación de obras por parte del Ayuntamiento.
La Fiscalía y la acusación popular mantienen que el entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife adjudicó esas obras a la empresa IMES SA sin el proyecto ni el concurso público que exigen las leyes,sin atender los reparos de los funcionarios municipales y siendo plenamente consciente de todo ello.
Las acusaciones aseguran que Zerolo sorteó esas objeciones de los funcionarios mediante un contrato de «mantenimiento» irregular.
Las reformas previstas para las oficinas municipales en el antiguo instituto Hermanos García Cabrera sobrepasaban con mucho ese concepto de «mantenimiento»,pero el alcalde mantuvo su adjudicación a IMES SA,aunque legalmente debería haberlas sacado a concurso,defienden la Fiscalía e Izquierda Unida.
Este partido político asegura,además,que el entonces alcalde contó con la colaboración del funcionario Joaquín Castro Brunetto,también acusado,para que emitiera informes que le sirvieran para levantar los reparos que la Intervención del Consistorio ponía a los pagos que se efectuaban a la empresa IMES SA.
«Tal fue así,que unas obras que se consideraron inicialmente como 'obras menores' o 'reformitas',en palabras de Zerolo,acabaron costando a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife siete millones de euros»,resalta Izquierda Unida en un comunicado.
Este caso se abrió en 2008,después de que el abogado José M. Pérez Ventura,que representa ahora en él a IU,presentara una denuncia por estos mismos hechos ante la Fiscalía,que observó indicios de delitos y se querelló contra los tres imputados.
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife con Coalición Canaria desde 1995 hasta 2011,Miguel Zerolo tiene otras dos causas penales abiertas en el Tribunal Supremo,además de la posible prevaricación que se juzga el 25 de junio,a partir de las 10.30 horas.
La primera es la presunta malversación multimillonaria cometida en la compra por parte del Ayuntamiento de unos terrenos en la playa de Las Teresitas y la segunda atañe al supuesto cobro de sobornos a cambio de una recalificación urbanística en el año 2004. EFE