La fiscalía mantuvo este viernes su acusación contra los siete acusados por el caso mamotreto por un delito de prevaricación contra la ordenación del territorio,y para cuatro de ellos pide tres años,mientras que para los otros tres solicita dos,y para todos siete años de inhabilitación.
La fiscal dijo que la conducta de los acusados formaba parte de un plan dirigido a aprobar el proyecto y que las obras se ejecutasen cuanto antes.
El juicio por el caso mamotreto alude al edificio de aparcamientos promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la playa de Las Teresitas que quedó paralizado sin terminar en 2008 por ir en contra de las normas urbanísticas y por invadir el dominio público marítimo terrestre.
En el banquillo se han sentado los exconcejales de Coalición Canaria Manuel Parejo,Norberto Plasencia,José Domingo Pastor,para quienes la fiscal pide tres años de prisión,y Luz Reverón,entonces en el partido nacionalista pero actualmente idirectora insular de la Administración del Estado en La Gomera y en las filas del PP,para quienes ha solicitado dos años de prisión.
También están acusados los funcionarios municipales María Loreto Ariz,Candelaria Benítez y Epifanio Gómez,y la fiscal Inmaculada Violán pide tres años en el primer caso y dos en el resto.
La prevaricación urbanística,con penas de prisión de entre un año y medio a cuatro años,supone la vulneración a sabiendas de infracciones urbanísticas o territoriales.
Los letrados de la defensa coincidieron en pedir la absolución de los encausados,tras lo cual el juicio,a cuyo frente ha estado la magistrada Beatriz Méndez Concepción,quedó visto para sentencia.
Antes de la presentación de las conclusiones finales,compareció el último testigo en el caso,Carlos Enrique González Pérez,quien cuando sucedieron los hechos era el jefe de la demarcación de Costas de Tenerife,del Ministerio de Medio Ambiente.
González Pérez confirmó que las obras del aparcamiento realizadas por el Ayuntamiento,que se paralizaron tras una denuncia de Costas,afectaban en parte al dominio público marítimo terrestre y a la zona de protección,además de ocupar la servidumbre de tránsito.
Las obras se iniciaron en diciembre de 2006 sin contar el Ayuntamiento con la autorización pertinente del Estado,puesto que el convenio que estaba previsto entre las dos administraciones y que hubiera amparado el proyecto nunca se llegó a firmar.
La Dirección General de Costas desistió de firmar el convenio tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2007 en la que se cuestionaba la propiedad municipal de las parcelas en las que iban a realizarse las obras.
El Ayuntamiento había iniciado las obras en diciembre de 2006 sin los permisos de Costas ni del Gobierno de Canarias,amparado en la expectativa de que se firmaría el convenio,pero al no suscribirse finalmente se pararon los trabajos en enero de 2008.
Según explicó el testigo,lo normal es que las obras se hubieran realizado una vez modificado el deslinde del dominio público que se iba a establecer en el convenio,pero al no firmarse «nunca hubo autorización» y por tanto no debieron ejecutarse los trabajos.
Además,el Ayuntamiento no había informado del uso final de los locales comerciales que incluía el proyecto de aparcamiento y realizó una modificación del mismo que no se comunicó oficialmente y de la que el jefe de la demarcación de Costas se enteró por canales extraoficiales en diciembre de 2007.
