Los tiempos han cambiado. Nada es igual que hace 30 años y,en consecuencia,deben cambiar también las normas que rigen el modelo de funcionamiento de nuestra sociedad,una sociedad que,además,vive una terrible crisis que va más allá de lo económico,pues afecta de lleno al ámbito institucional.
Son muchos los estudios sociológicos en que las instituciones son suspendidas por la ciudadanía y en donde la política y los partidos aparecen a la cola en la valoración ciudadana. Basta con salir a la calle y preguntar a cualquier vecino para descubrir el descontento general,ante el que es necesario ofrecer alternativas.
Estamos obligados a llevar a cabo una reforma que favorezca una mayor credibilidad y una mayor implicación ciudadana en los asuntos públicos. Cobra de nuevo fuerza la urgencia de reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias,como ya planteara el PSOE desde hace varias legislaturas y,sin embargo,tal reforma no debe llevar implícita la pérdida de representación para las Islas pequeñas.
Aunque en algunas organizaciones se mantiene el escepticismo,los representantes de los partidos políticos parecen hoy más convencidos que nunca. Estamos,por tanto,en el momento adecuado para acometer una reforma que no debe descuidar aspectos tan importantes como topes electorales,mayor autonomía o más competencias.
Rebajar las barreras electorales – porcentajes de votos que deben obtener las listas electorales,actualmente fijados en el 30% insular y del 6% archipielágico,y número de diputados por islas es una tarea urgente. Se deben reducir los límites hasta el 15 y el 3%,tanto para favorecer la participación,es decir una mayor democracia,como una representación más justa sin perjudicar a las Islas pequeñas.
La futura lista regional para acceder al Parlamento no puede reducir la representación de La Gomera,El Hierro,La Palma ni ningún otro territorio,en favor de las Islas capitalinas. Y no menos importante es lo que se ha venido a llamar “anclaje” para el Régimen Económico y Fiscal (REF) en la Constitución.
Tras 30 años de autonomía,no se puede permitir que el fuero dependa de decisiones políticas,por lo que es necesario que ese precepto,recogido en los artículos 95 y 96 del REF,se incluya en el Estatuto de Autonomía.
El actual Gobierno de Canarias ha anunciado que antes de diciembre llevará una propuesta al Parlamento regional,que necesariamente debería implicar también la activación de nuevos instrumentos para favorecer el progreso social y económico del Archipiélago,o lo que es lo mismo afianzar el estado del bienestar e incrementar la capacidad de la Comunidad Autónoma para generar empleo.
Puertos y aeropuertos son infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la región y deben ser gestionados desde el Archipiélago. Conviene,por tanto,un traspaso de competencias,que bien podría hacerse extensible al litoral y nuestras costas.
Nadie gestiona mejor un asunto que aquel que lo conoce bien y nadie conoce mejor un territorio que aquel que vive en él. Así,del mismo modo que hace falta una mayor autonomía para Canarias se requiere una clarificación de competencias entre administraciones y,por supuesto,una ley que dé estabilidad a los cabildos y los ayuntamientos.
Ha llegado el tiempo de apostar de manera decidida y sin excusas por una nueva regulación,que se ajuste a los nuevos tiempos y favorezca la igualdad,fundamental para ganar en democracia y transparencia política e institucional.
Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera
