Expedientes de contratos sin informes jurídicos o técnicos que justifiquen la adquisición del producto audiovisual,sin estudios comparativos que analicen los precios de la contratación a efectuar en relación al mercado,sin análisis de evaluación inicial de costes imputables a las producciones a adquirir o sin supervisión directa posterior de lo que se ha comprado son solo algunas de las irregularidades que la Audiencia de Cuentas ha detectado en la gestión de la contratación en Radiotelevisión Canaria,en más de un centenar de expedientes.
Este boceto de una irregular gestión de los recursos públicos en RTVC figura ya plasmado en el Proyecto de Informe de Fiscalización de la gestión de RTVC en relación a los contratos suscritos por el Ente Público durante la VII Legislatura (2007-2011),fechado el 23 de octubre pasado y en estos momentos en fase de alegaciones por parte del Ente,después de que las primeras conclusiones de los auditores hayan arrojado sombras y sospechas de cómo se maneja la tele autonómica con las cuentas públicas,al menos en la anterior legislatura.
El borrador apunta en síntesis a que «la gestión de la contratación llevada a cabo por el Ente Público […] no se ha ajustado en general a criterios de eficacia,eficiencia y economía»,además de que en casos «no se observaron las normas,disposiciones y directrices que le eran de aplicación»,y eso solo tras un muestreo de 136 de los 575 contratos remitidos a la Audiencia de Cuentas por el Ente y sus dos sociedades,Televisión Publica de Canarias,SA y Radio Pública de Canarias,SA,por un importe total de 264 millones de euros.
Las conclusiones del trabajo incluyen también que uno solo de esos contratos es por más de la mitad de todo el importe auditado,el de la adjudicación por más de 150 millones de euros,en 2008,del servicio de producción de contenidos informativos a Videoreport,y reseña que el mismo ha sido objeto de recursos en lo contencioso-administrativo e incluso de denuncias penales,por parte de miembros del Consejo de Administración,en la Fiscalía Anticorrupción,sin que hasta el momento haya habido resolución judicial al respecto.
La Audiencia,además,resalta que no ha podido verificar con total fidelidad la gestión del Grupo Audiovisual RTVC,debido a que no facilitó a los auditores el listado completo de los contratos firmados entre el 26 de junio de 2007 y el 28 de junio de 2011,pero de lo que el Ente,a través de su administrador único,el director general,Guillermo García,remitió al órgano fiscalizador,los consejeros plantean datos que ponen en tela de juicio la forma de contratar llevada a cabo,sobre todo,en Televisión Canaria.
Son variados los ejemplos que a lo largo de 87 folios desgrana el órgano de control de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias,pero de entre ellos destaca que el 75% de los contratos auditados,en concreto 103 expedientes de los 136 del muestreo,centrados en las producciones y los derechos de emisión de eventos deportivos o de espectáculos,se adquirieron sin los informes reseñados pero también sin que en los expedientes figuren posibles negociaciones con las productoras ofertantes en relación a obtener posibles ingresos derivados de la explotación de esas obras y su comercialización.
Por ejemplo,destaca el informe que la práctica totalidad de los contratos con derecho de emisión ilimitados se emitieron una sola vez,y por tanto se dejó de optimizar el número de emisiones programadas que figuraban en los acuerdos con las productoras,ni las horas de programación a cubrir,infrautilizando así el producto comprado por el Ente y sus sociedades.
El borrador de fiscalización del Ente añade además que en 34 de los 103 expedientes existen modificaciones a los contratos originales mediante una serie de addendas,sin un informe previo justificativo,y en al menos nueve de esos casos el motivo de la modificación fue por el retraso en la entrega del producto por parte del adjudicatario,motivando así un incumplimiento de contrato ante el cual RTVC ni reclamó indemnizaciones ni procedió a resolver el acuerdo con la consiguiente penalización a la productora.
Una total falta de transparencia
Subraya también la Audiencia que la mayor actividad contractual del Ente y sus sociedades ha sido en este periodo a través de contratos privados,sin estar sujetos a las normas del sector público,la mayoría de ellos para la adquisición de programas y derechos de emisión. Fueron 448 los contratos privados y 127 los regidos por el sector público,pero entre estos también se destaca el hecho de que el 55% fueran contratos menores,directamente negociados entre el administrador único y las empresas adjudicatarias (46) y el 19%,negociados sin publicidad,por lo que la transparencia en el Ente no sería una norma habitual.
Esta falta de transparencia es también destacada al entender la Audiencia que la decisión de centralizar toda la gestión de contrataciones exclusivamente en el director general,a partir de 2008 como administrador único del Ente y sus sociedades,si pretendía la «agilización de la gestión»,esta se ha llevado a cabo «sin efectuar los necesarios controles internos y sin contar con un marco interno reglado que garantizase la necesaria objetividad y transparencia en aquellas decisiones adoptadas que afectaban a la gestión corporativa de la contratación».
Es por eso que,al margen del control jurídico y financiero que tiene sobre el Grupo RTVC los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma,ni el Ente ni sus dos sociedades contaron en el periodo analizado «con un sistema de control interno adecuado ni eficaz»,hasta el punto de no haber remitido un inventario de bienes y derechos que serían del patrimonio de la Comunidad,por no haberlos reclamado en tiempo y forma a la empresa que realiza los servicios informativos de Televisión Canaria. En la misma situación estaría,a juicio de los auditores,el patrimonio audiovisual de la Comunidad.
La Audiencia de Cuentas,que también aborda otra serie de contratos del Ente -de alquileres o de publicidad o patrocinio,entre otros- recomienda al Grupo Audiovisual RTVC una «adecuada planificación estratégica vinculada a la gestión de la contratación»,en la que debe desarrollar «sistemas de planificación,planes operativos,manuales de procedimientos,así como circulares internas y protocolos internos que permitan normalizar los procedimientos corporativos vinculados a la gestión de la contratación».
Al mismo tiempo,señala la necesidad del Grupo de definir una plantilla en Televisión Pública de Canarias,SA con puestos de trabajo delimitados y funciones asignadas en cada caso,en materia de contratos,y un sistema de control interno «adecuado» que garanticen «la necesaria objetividad y la transparencia en aquellas decisiones corporativas que afecten a la gestión de su actividad contractual»,incidiendo en que centralizar la gestión en el director general no debe prevalecer sobre el necesario control interno de cómo se gestiona el Ente,para lo que recomienda una publicidad adecuada en materia de contratación para salvaguarda de la transparencia.
