El Área Pública de CC.OO. Canarias denuncia la situación que se puede generar a nivel de destrucción de empleo tras la aprobación del Reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas,técnicas,organizativas y de producción.
El despido en este ámbito ya se recogía en la pasada reforma laboral,en el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero,que obligó a convocar la huelga general del pasado 29 de marzo. El despido masivo de trabajadores del ámbito público aumentará el porcentaje de desempleo,elevándolo a cifras socialmente inadmisibles. De hecho por primera vez la destrucción de empleo público a nivel de estado supera a la que se produce en el sector privado.
En sus títulos primero y segundo se centra en el despido en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores,pero es el título tercero el que determina el procedimiento de despido al personal laboral al servicio de los entes,organismos y entidades que forman parte del sector público,privando incluso al personal afectado de la posibilidad de reducir sus jornadas o sufrir su aplicación de manera temporal. El único método que contempla es la extinción o despido de este personal.
Además,empeora notablemente los borradores conocidos hasta la fecha al rebajar al 5% la insuficiencia presupuestaria que en las primeras versiones exigía al menos el 10%,y a los que las organizaciones sindicales habían realizado alegaciones que no han sido consideradas.
Es injustificado e inadmisible que el objetivo de este reglamento sea destruir los puestos de trabajo de las distintas Administraciones y servicios públicos,y que la causa que se alegue para la extinción sea los presupuestos de los dos últimos ejercicios,dónde consten los gastos de personal y una memoria de las causas económicas… con estos requisitos todos los empleados públicos pueden ser despedidos,saltándose así toda la normativa reguladora de la relación laboral de los empleados públicos,e incluso derechos constitucionales.
Con esto el gobierno central se ratifica en su cruzada particular contra el empleo público y los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía,en su batalla contra el estado de bienestar,mostrando así el más absoluto desprecio a los ciudadanos aumentando su nivel de imposición de unas medidas económicas restrictivas con el único objeto de reducir el déficit público a base de disminuir el gasto público y social,salvando a las clases altas,los bancos,las patronales y a la clase política de cualquier efecto adverso que les pueda generar esta crisis.
Estas medidas generarán de forma irremediable la paralización del consumo y la quiebra económica,que con el cierre de unos presupuestos que se vislumbran como los más austeros de la historia de España y el rescate para salvar la banca española,constituyen el caldo de cultivo necesario para que se produzca en breve una rebelión social no deseada por muchos pero irremediable de seguirse en esta línea de actuación.
Solicitamos al Gobierno de Canarias que el plantón escenificado la semana pasada por los presupuestos para el año próximo,no se quede solo en teatro y se niegue rotundamente a aplicar en las Islas el despido masivo de empleados públicos y al adelgazamiento de la Administración pública canaria.
Con la promulgación de esta norma hay otro motivo más para secundar la convocatoria de huelga general del día 14 de noviembre. Los empleados públicos no deben ser los que soporten los efectos de esta política de recortes que día tras día crea más paro,más desigualdad social y peores servicios públicos para toda la ciudadanía.
