Los mayores y las personas con discapacidad que residen en Castilla-La Mancha percibirán menos ayudas del Gobierno autonómico. Un decreto del Ejecutivo que dirige Dolores de Cospedal ha eliminado el complemento anual de 750 euros de media que destinaba a beneficiarios de pensiones de viudedad especialmente bajas y no contributivas de jubilación e invalidez (todas ellas de unos 400 euros mensuales). En lugar de ello,concederá una paga de 120 euros al año,que se realizará de oficio en la cuenta donde perciban la pensión.
En el mismo decreto,publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha el pasado martes 19 de junio,la Junta ha eliminado otros dos complementos que aportaba la Administración regional. Se trata de las ayudas que recibían beneficiarios mayores (del Fondo Nacional de Asistencia Social,FAS) y personas con discapacidad (correspondientes a la Ley de Integración social para Personas con Discapacidad,LISMI).
Estas ayudas se cancelaron en 1992,pero aún seguían percibiéndolas las personas a quienes se les reconoció el derecho a cobrarlas con anterioridad a esta fecha. Es un complemento anual de 400 euros que desaparecerá.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha retirado la gratuidad del transporte interurbano por carretera para los mayores de 65 años y pensionistas por invalidez. Y ha derogado los decretos a través de los cuales se financiaban,mediante fondos de la comunidad autónoma,los centros de día y las residencias municipales para mayores,para modificar su regulación.
Unas 35.000 personas se verán afectadas por estas medidas,según fuentes cercanas a los servicios sociales de la comunidad autónoma
Una portavoz de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha indica que las ayudas FAS y LISMI “se extinguirán también en todo el Estado”. Y que el complemento a la pensión no contributiva que se ha reducido no se retira,en contra de lo que han hecho la mayoría de las comunidades autónomas,sino que se mantendrá. «Únicamente lo ofrecemos nosotros,junto a Andalucía,Asturias y Cataluña; y en otras regiones es de menor cuantía».
“Lo único que se elimina es la ayuda al transporte”,añade,“una bonificación que ya se contemplaba retirar en el Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos que se anunció en noviembre y se aplica desde enero”. Respecto a la financiación de centros sociales,“se ha cambiado el formato: antes la concesión era directa y a partir de ahora será a través de concurrencia competitiva”.
En un comunicado,la Junta sostiene que el Gobierno regional destinará 42 millones de euros a la financiación de centros y programas de atención a personas mayores este año,que se canalizarán a través de dos órdenes que aún no se han publicado.
Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más lejos ha llevado los recortes en servicios sociales,especialmente en Sanidad. Este miércoles,el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales,José Ignacio Echániz,se refirió en una entrevista en la televisión regional a la decisión de entregar al sector privado cuatro hospitales de la red pública (Almansa,Villarrobledo,Manzanares y Tomelloso). Echániz indicó que el cambio de gestión tendrá lugar “antes de finales de año”.
Por otro lado,Los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar el 10% del el coste de los fármacos que consuman cada mes,como establece el decreto de medidas sanitarias aprobado por el Gobierno central. La Junta ya había mostrado su intención de no aceptar ese dinero adelantado y la consejera de Salud,María Jesús Montero (PSOE),confirmó este jueves que los farmacéuticos andaluces dejarán de cobrar los medicamentos a los jubilados una vez que hayan pagado el tope máximo que fija el decreto y que varía en función de la renta.
El decreto establece que los pensionistas empezarán a pagar el 10% de sus fármacos el 1 de julio. El Gobierno ha fijado unos topes máximos de ocho,18 y 60 euros,según la renta del usuario,pero la norma estatal obliga al jubilado a pagar el 10% de todos sus medicamentos cada vez que vaya a la farmacia,aunque haya superado el tope correspondiente. La Administración tiene después seis meses para devolver el dinero cobrado de más. La consejera de Salud criticó ayer este sistema que,en su opinión,hace que los jubilados actúen “como entidades financieras” de las comunidades autónomas.
La fórmula ideada por al Junta para no tener que cobrar por adelantado todos los fármacos que consuman los pensionistas se basa en la receta electrónica la llamada receta XXI. Este sistema,implantado en toda la Comunidad,permite que el farmacéutico sepa siempre qué medicamentos ha recetado el médico a cada usuario del Servicio Andaluz de salud (SAS),cuáles se le han dispensado y cuáles están pendientes de dispensación. Según los datos aportados por María Jesús Montero,desde 2003 se han hecho 500 millones de prescripciones con receta XXI,lo que ha supuesto un ahorro (sobre todo en talonarios de recetas) de seis millones de euros.
Para que los pensionistas no tengan que adelantar el dinero a partir del próximo 1 de julio,a sus tarjetas sanitarias se les han hecho unos cambios que,según explicó Montero,consisten en abrirles una especie de “cuenta corriente” en la que se irá apuntando el dinero que vayan pagando. El día 1 de cada mes,el contador se pondrá a cero. Y cuando el jubilado haya desembolsado el límite máximo aplicable a su renta (ocho,18 ó 60 euros),el sistema saltará y el farmacéutico dejará de cobrarle durante el resto del mes.
La decisión de no obligar al pensionista a pagar por adelantado supone también en sí misma un ahorro,aseguró Montero. Su departamento calcula que para desarrollar el mecanismo de reintegro había que contratar a 30 administrativos,lo que suponía un gasto de 800.000 euros. Los datos que maneja el SAS revelan que el nuevo copago afectará a 1.679.801 pensionistas andaluces. El 85% del total (1.414.873 millones) están en el tramo que debe adelantar hasta ocho euros al mes; 260.895,hasta 18 euros; y 4.033,hasta 60 euros. La medida impuesta por el Gobierno central afecta especialmente a enfermos polimedicados,que cada mes deberán pagar mucho más de los ocho o 18 euros que le corresponderían.
Montero puso ayer un ejemplo que,aseguró,es uno de los muchos casos reales que se encuentran entre usuarios del SAS: el de un pensionista que padezca Alzheimer,hiperplasia benigna de próstata,insuficiencia cardíaca,EPOC y diabetes,que además requiera pañales de incontinencia y tiras reactivas (para medir el nivel de azúcar). El coste total de su tratamiento,compuesto por 22 fármacos,asciende a 424 euros al mes,por lo que,desde del 1 de julio,tendría que abonar más de 42 euros mensuales. Si el tope fijado para su renta es de ocho euros,cada mes pagaría 34 de más. Esta es la parte que la Junta va a evitar que el usuario abone.
Aunque la mayoría de las Comunidades han anunciado que emplearán la fórmula establecida por el Gobierno que les permite devolver con seis meses de retraso el dinero adelantado,Montero confía en que el Ministerio de Sanidad no ponga trabas a la decisión andaluza. “Sin duda esto es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. El Gobierno no puede poner ningún reparo. Solo intentamos facilitarle la vida a los ciudadanos porque no compartimos este mecanismo que tememos que sea disuasorio a la hora de consumir medicamentos”,afirmó la consejera. “Espero que el Gobierno aplauda que las Comunidades Autónomas que tienen soporte tecnológico lo hagan así”,añadió. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaron que la introducción del copago para los jubilados sí que es de obligado cumplimiento,pero las Comunidades tienen libertad para gestionarlo como quieran.