El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy,ha concretado hoy en el Congreso que el plan de lucha contra el fraude fiscal prohibirá las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros «en las que intervenga un empresario profesional». El plan,según ha añadido,será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.
Rajoy también ha avanzado que quienes incumplan la prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago. La limitación de los pagos en efectivo se inspira en medidas similares que ya se aplican en Italia y Francia. Roma ha puesto el tope en 1.000 euros,y París en los 3.000. El Gobierno anunció la medida,sin concretar la cuantía,el pasado 7 de enero,cuando presentó el plan de lucha contra el fraude.
Rajoy ha avanzado esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural,Cayo Lara,sobre la amnistía fiscal. Al respecto,el presidente ha matizado que no se trata de una amnistía total puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8% —para las empresas— o del 10% —para los particulares— y ha defendido que esta medida «tiene sentido en la situación actual».
Así,ha insistido en que es una «medida excepcional»,que sólo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013,razón por la que resulta «muy importante» mejorar los ingresos del Estado.
El Gobierno espera recaudar 8.161 millones de euros con el plan contra el fraude. Ese proyecto incluye la comprobación en la fase recaudatoria y más colaboración con las autonomías.
Según explicó hace unos meses la vicepresidenta,Soraya Sáenz de Santamaría,en el plan tendrá gran importancia las listas de evasores fiscales aportadas por países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales como Andorra,Panamá y Antillas Holandesas. No obstante,este objetivo de recaudación se sitúa por debajo del que ya está vigente: 8.171 millones frente a 9.400,lo que representa un descenso del 13%.
