La asociación ecologista Greenpeace ha rechazado la proposición sobre la Ley de Costas aprobada en el Senado el pasado 9 de febrero a iniciativa del Partido Popular,al considerar que pretende «dinamitarla».
La propuesta,que fue aprobada con 127 votos a favor y 125 en contra,tiene como objetivo «mantener indefinidamente la propiedad privada de las áreas de marismas,las dunas y las playas que ya se encuentran degradadas y que,si se hace efectiva,impedirá la recuperación de importantes humedales y ecosistemas litorales»,ha denunciado Greenpeace en un comunicado.
«El PP defiende esta proposición con un claro interés empresarial que favorece a una minoría que utiliza el suelo público para actividades privadas. Esto supondría un claro retroceso en la protección ambiental,la vuelta a décadas anteriores en las que el litoral era una gran parcela a urbanizar»,ha explicado Pilar Marcos,responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La proposición del PP se suma a otras promovidas por partidos políticos de toda índole que pretenden «imponer una modificación a la carta de la ley en función de intereses muy concretos»,señala la asociación,que cita como ejemplo la propuesta de CiU (aprobada también el 9 de febrero) que persigue que determinadas urbanizaciones queden al margen de la ley.
La Ley de Costas fue aprobada en 1988 para garantizar la protección del litoral,el interés público y el libre acceso a las playas y acantilados. Durante sus dos décadas de vigencia,el PP ha defendido esta ley que ahora,cuando se encuentra en la oposición,ha tachado de «incoherente».
«El electoralismo del PP sólo beneficia a unos pocos contra una gran mayoría que defiende el uso público del litoral y los beneficios económicos que una costa sana reporta»,ha añadido Marcos.
Greenpeace considera que deben reforzarse las políticas estatales para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la ley y que no beneficie a una minoría sino a todos los ciudadanos,tal y como recoge la Constitución española. La Ley de Costas española,al igual que su homólogas europeas,está avalada por el Tribunal Constitucional.
«Sin embargo -recuerda Greenpeace- al contrario que en otros países,otorga concesiones de ocupación a personas o entidades privadas del Dominio Público Marítimo Terrestre de hasta 60 años,lo que da muestra de la flexibilidad de la ley».
