La nueva Asamblea Constituyente ha destituido este sábado a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, según informa el periódico El País.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo, nada más conocer la noticia, propuso como fiscal provisional al actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. El Tribunal Supremo ha imputado a la abogada, a la que se le ha prohibido abandonar el país. «Aprobado ante juicio mérito contra la Fiscal General Luisa Ortega, por comisión de faltas graves durante el ejercicio de sus funciones», ha aunciado el Partido Socialista de Venezuela en su cuenta de Twitter.
Ortega había denunciado esta mañana que la institución que dirige estaba siendo asediada. «Rechazo el asedio al Ministerio Público Venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional», ha escrito en su perfil de Twitter. Su mensaje iba acompañado de fotografías de agentes de las fuerzas de seguridad a las puertas del edificio del organismo. La fiscal, que había sido afín al chavismo, se ha convertido en una de las principales voces críticas con el presidente del país, Nicolás Maduro.
Maduro había acusado el viernes a Ortega de ser cómplice de la «insurgencia armada» que ha vivido el país desde que empezó la ola de protestas contra su Gobierno, el pasado 1 de abril. El presidente hizo estas declaraciones en un acto televisado para conmemorar los 80 años de la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo de policía militarizada dedicado a la gestión de las protestas, horas después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuya legitimidad no ha sido reconocida por la fiscal general.
De hecho, Ortega abrió una investigación sobre el «fraude» en el recuento de participantes en las elecciones del pasado domingo. La autoridad electoral aseguró que 8,1 millones de personas habían acudido a las urnas, pero la empresa que ha trabajado en la gestión electoral de Venezuela desde 2004, Smartmatic, ha replicado que la cifra ha sido «manipulada» en «al menos un millón». La fiscal general pidió ante los tribunales que anularan la Asamblea Constituyente, pero un tribunal de Caracas decretó este viernes la «nulidad absoluta» de su petición debido a un fallo formal. La Fiscalía perdía de esta forma un nuevo pulso contra las instituciones leales al chavismo.
Ortega se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado y ha sido acusada de «traidora» desde el oficialismo. Ante la escalada de acusaciones contra el Ministerio Público, la fiscal general se dirigió a finales de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este viernes respondió afirmativamente y dictó una medida cautelar para garantizar la protección de sus derechos. El organismo pidió además al Gobierno de Maduro que garantice su integridad y la de su familia.
«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado venezolano, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la Comisión concluyó que la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable», ha resuelto el organismo.
