Francisco Pomares

Pendiente aún de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017, aquí anda todo el mundo repartiéndose el regocijo: el Gobierno de Canarias ha construido ya un jauja de nuevas inversiones y otras maravillas, con las que habremos de enfrentar un final de año feliz, y el PP vuelve a la carga con su matraca más recurrente y tradicional, que es la bajada de impuestos. Personalmente, creo que es demasiado pronto para mandar la carta a los reyes magos: la aprobación de los presupuestos tal y como han sido presentados (incluyendo las correcciones sobre empleo) requieren de una mayoría que hoy no existe. Es muy probable que el PP logre que sean rechazadas las enmiendas a la totalidad, pero habrá que ver qué enmiendas entran y cuáles salen, y qué partidas se mantienen al final. Canarias ha sido mejor tratada que el resto de las regiones en estos presupuestos, justo lo contrario de lo que ocurría hasta ahora, donde la relación era a la inversa, y es posible que a alguien se le pueda ocurrir presionar sobre la parte que nos toca. No quiero ser agorero, pero me temo que eso es lo que hay.

En esta tensa espera, proponer la bajada del IGIC y del impuesto de transmisiones patrimoniales a sus tipos precrisis es -más que aviso para navegantes- un poco brindis al sol. Comparto la idea de que si las cosas mejoran realmente -más me fío yo de un incremento de la recaudación que del uso de los cuartos en gran parte con destino finalista que lleguen de Madrid-, el IGIC debería ser sometido a una revisión en los presupuestos de 2018. Es verdad que el IGIC, con tipo general del 7 por ciento, sigue estando muy por debajo del tipo del IVA, que es del 21 por ciento. Eso forma parte del famoso diferencial fiscal entre Canarias y Península.

Personalmente, no considero que sea razonable aprobar para 2018 una bajada del siete al cinco por ciento (tan brutal como la subida, que fue del cinco al siete, un cuarenta por ciento), pero sí creo que debería plantearse una bajada de un punto, y del otro punto para 2019 o 2020, dependiendo de cómo funcionen las previsiones de recaudación. El ministro Montoro presumía el otro día de que la recaudación global podría aumentar este año entre el siete y el ocho por ciento en toda España. Y en Canarias es posible que nos movamos también en torno a esas previsiones. Si hay posibilidades de bajar algo el IGIC, habría que hacerlo. Se trata de un impuesto estatal de tipo indirecto, pero que desde la ley de 2009, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, Canarias tiene capacidad normativa para regular, entre otros aspectos, los tipos de gravamen. Se trata, además, como la mayor parte de los impuestos indirectos, de un tributo que grava a todos por igual. Suele decirse que grava más al que más consume, y es cierto, pero está perfectamente demostrado que las rentas más bajas tributan tanto IGIC como las altas en relación porcentual a los ingresos. Una fiscalidad justa debería estar basada en que paguen más las rentas más altas, pero la gran bolsa a la que acuden todos los Gobiernos sigue estando en el consumo.

Reducir el IGIC al 5 por ciento, en dos anualidades. Y el impuesto de trasmisiones, mejor no tocarlo hasta haber consolidado el aumento de la recaudación. A nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que pagarlos si queremos garantizar los servicios. De eso se trata…