Francisco Pomares

Cinco de los siete presidentes de los Cabildos de Canarias -todos menos los de Gran Canaria y La Palma- firmaron el miércoles un “Manifiesto ante la reforma electoral” en defensa de que cualquier modificación de la triple paridad se haga por consenso, y rechazando que la reforma del sistema electoral se produzca en las Cortes, en vez de en el Parlamento de Canarias, que es una de las condiciones planteadas por Pedro Quevedo para apoyar los presupuestos del Estado. El documento suscrito iba a ser firmado por todos los presidentes de Cabildo, con excepción del de Gran Canaria, pero a última hora el socialista Anselmo Pestana se desmarcó, al parecer a petición del grupo parlamentario del PSOE. El presidente del Cabildo gracanario, Antonio Morales, no fue invitado al encuentro, lo que ha provocado algunas críticas por parte de portavoces más o menos áulicos de Morales. No entiendo por qué: la firma del manifiesto es un acto político, tras la desafección a última hora de Pestana, apoyado exclusivamente por Coalición Canaria más Curbelo. Haber invitado a Morales a participar en la firma de ese manifiesto habría tenido el mismo sentido que invitar al ganador de la gala drag de Las Palmas a participar en la Conferencia episcopal.

Las reacciones al manifiesto no se han hecho esperar; el problema es que en general ni siquiera tienen que ver con lo que se plantea en el propio manifiesto, sino en la posición política de quienes intervienen en la crítica. Se cuestiona, por ejemplo, que el documento haya sido firmado por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, porque mantener la triple paridad supone que su isla, que cuenta con más habitantes que La Palma, siga manteniendo menos diputados. Es una crítica razonable y con fundamento, pero la hacen los mismos que aplauden la decisión de Pestana de no firmar, cuando lo razonable es que Pestana defendiera la continuidad de una regla -la de la triple paridad-, que es ventajosa para La Palma. Lo que ocurre es que se buscan explicaciones a las distintas opciones pretendiendo que respondan a una lógica universal, cuando lo cierto es que se trata de posiciones meramente políticas. Políticas, digo, ni siquiera ideológicas: Marcial Morales está a favor de mantener la triple paridad porque es lo que defiende su partido, y Pestana a favor de modificarla porque es lo que quiere el PSOE.

La cosa es que todo el debate en Canarias sobre la ley electoral está marcado por interés partidario. No es un debate ideológico o de principios. Personalmente, creo que la triple paridad está hoy tan cuestionada que es necesario reformar las normas electorales actuales. Pero no para ser sustituidas por un formato que rompa con el peso de las islas menores, sino por un sistema que mantenga el equilibrio entre territorio y representación. Cuando la autonomía empezó a caminar, la triple paridad modificó la percepción de una región en la que sólo pintaban Gran Canaria y Tenerife, y permitió la paulatina superación del pleito insular, que ahora reverdece. Quizá sea llegado el momento de establecer una norma que iguale el peso de todas las islas entre ellas y de su total con el conjunto de la región. Un nuevo compromiso entre representación y territorio que sea aceptado por todos, y pueda aguantar al menos durante otra generación, como ocurrió en su día con la hoy tan denostada triple paridad…