Viajar entre islas a precios asequibles. Ese es el objetivo y una histórica reivindicación de todos los canarios, pero especialmente de las islas no capitalinas, donde se multiplican los gastos y de ahí que, desde hace más de dos legislaturas, instituciones como el Cabildo de La Gomera hayan puesto sobre la mesa la necesidad de contar con unos transportes fluidos, cómodos y, sobre todo, ajustados al bolsillo de los ciudadanos.

La tarifa única, de la que tanto se ha llevado y traído esta semana, es, por tanto, un paso más en la batalla contra los sobrecostes de la doble insularidad. Y es que no se sostiene que recorrer nuestra tierra sea más caro que desplazarse hasta la Península o incluso muchos países europeos. Así lo hemos denunciado en el pasado y también durante este mandato, en el que Agrupación Socialista Gomera (ASG) se ha posicionado a favor de fijar precios que faciliten los desplazamientos y ayuden al progreso económico.

Conviene, sin embargo, tener las cosas claras y alejarnos de  cantos de sirenas. Debemos definir muy bien la fórmula que permita materializar la justa demanda, y en ningún momento apostar por una regulación de mercado que atente contra la libre competencia,ya que se corre el riesgo del rechazo de Europa.

Sin duda existen medios para lograr que Canarias crezca a una sola velocidad y en eso estamos trabajando. La lejanía y la fragmentación de nuestro territorio, además de la necesidad de compensar las limitaciones en materias primas y favorecer el desarrollo equilibrado y la cohesión, son nuestras principales bazas. Pero ¿acaso va a permitir Bruselas una norma que vulnere la libertad de mercado?

Es indudable que la propuesta de combinar una tarifa única con el descuento de residentes tiene buena música, aunque nos lleva a preguntarnos también si realmente un gobierno en funciones puede adoptar decisiones que afectan a las arcas estatales, asegurando, además, que la medida podría aplicarse a partir de 2017.

Sorprende que la iniciativa venga del mismo gobierno que durante cuatro años se negó a estudiar la posibilidad de fijar un precio máximo, pues no ha habido cambio en el Ministerio de Fomento que pudiera justificar una mayor receptividad ante los planteamientos del archipiélago. Sí ha habido, no obstante, una variación que pudiera ser determinante: antes había mayoría absoluta; se perdió esta posición en los últimos comicios, y ya están convocadas unas nuevas elecciones generales.

En lugar de la tarifa única, se podría plantear, por ejemplo y como excepción, dadas las desventajas apuntadas, que Europa considerase como Obligación de Servicio Público (OSP) los viajes entre las islas, estableciendo la correspondiente compensación.

En todo caso, la conectividad es un asunto de tal importancia  para Canarias y para Baleares – comunidad a la que primeramente lanzó su promesa el Ejecutivo nacional -, que no podemos dejarnos dominar por el pesimismo.

Habrá que defender, por encima de todo, el descuento para residentes y una OSP que aseguren fluidez, comodidad y economía de los transportes, fijando el mejor modo de impulsar tanto el desplazamiento de canarios dentro de nuestra región, como el de los turistas que nos visitan, ayudando así a la llegada de viajeros a todos los territorios insulares y, particularmente, a las islas no capitalinas que carecen de conexiones directas con el exterior.

Y habrá que hacerlo tanto para el transporte aéreo, como para el marítimo, pues no se trata de favorecer a un medio  frente a otro, y sí de conseguir la Canarias única tanta veces demandada y a la que  tenemos derecho. Recordemos que el barco es una alternativa insustituible en no pocas circunstancias, y apostemos por una fórmula que no sólo sea global, sino real. 

Casimiro Curbelo

Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera