Casimiro Curbelo

Por primera vez se ha reconocido la doble insularidad. Esta ha sido una semana realmente importante para las islas no capitalinas, una semana en la que hemos conseguido un gran logro en el camino emprendido por Agrupación Socialista Gomera (ASG) hacia el equilibrio regional y la igualdad de oportunidades, para todas y todos los residentes en el archipiélago, con independencia del lugar en el que residan.

El Gobierno de Canarias ha manifestado su criterio favorable a la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, integrado exclusivamente por ASG, para crear un Fondo de Solidaridad Interinsular, cuyo objetivo es precisamente ese: compensar las desventajas y garantizar la equidad de los isleños. Cierto que estas compensaciones deben cumplir con la estabilidad presupuestaria o la compatibilidad con el Fondo Canario de Financiación Municipal, pero no cabe duda. Aún así, avanzamos hacia la reducción de diferencias.

Y es que el respaldo gubernamental a la iniciativa de ASG viene a certificar de manera oficial el déficit estructural que sufrimos en La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, donde, tal y como hemos asegurado en repetidas ocasiones, son mayores los costes de sanidad, educación, servicios sociales, transporte y cualquier servicio público. La menor población se traduce, además, en un tejido productivo más débil y menos oportunidades para crecer, de ahí que Agrupación Socialista Gomera haya planteado en el Parlamento no una, sino dos trascendentales propuestas.

Al Proyecto de Ley impulsado estos días por el Ejecutivo le precedió una Proposición No de Ley, aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, para que se evalúen los sobrecostes de la doble insularidad, unos excesos que poco a poco deben ir corrigiéndose para que sea posible crear la Canarias única, tantas veces promulgada.

El Ejecutivo canario debe estar ya trabajando en la cuantificación, para los que cuenta con un precedente, en el que se afirma que los costes en las islas no capitalinas son cuatro puntos superiores a los que soportan las islas capitalinas – informe de la Fundación Tomillo -. Los números serán la base para que, una vez culminados todos los trámites – Parlamento, Consejo Consultivo, enmiendas, ponencia y evaluación de los servicios jurídicos –, cumplamos nuestro propósito.

Lo estamos consiguiendo. Pocos son los que todavía dudan de que existen diferencias entre islas, y pocos son los argumentos que pueden esgrimirse frente a nuestra Proposición de Ley, con la que no hacemos más que traer a primer plano el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, que obliga al Gobierno autonómico a velar por el propio equilibrio territorial y la realización interna del principio de solidaridad o, lo que viene a ser lo mismo, que todos aportemos para que todos tengamos los mismos servicios y las mismas posibilidades de prosperar.

Para resolver el grave problema económico y social de Canarias es determinante que se vertebren políticas específicas de financiación, en las que se considere el hecho diferencial, y a través de las que se dispongan los recursos públicos necesarios.

No se trata de quitarle a unos para darle a otros, sino de avanzar juntos; de reforzar la unidad que debe tener nuestra tierra, y de que todos alcancemos la calidad de vida y el bienestar al que aspiramos. Si justo es que Europa y el Gobierno de España atiendan las singularidades y las diferencias del archipiélago, justo es también que dentro de Canarias se atiendan y corrijan las desigualdades internas.

La lejanía y la insularidad de Canarias se multiplican en las islas periféricas. Partamos, por tanto, de la realidad de cada territorio y juntos creemos un único mercado regional interconectado, que a todas y todos beneficie.

Casimiro Curbelo

Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera